Responsabilidad de los consejeros y administradores
La responsabilidad de los consejeros y administradores hace parte de las diferentes labores desarrolladas en la tributación.
facultad de derecho · fiscal para derecho
lun. 24 de may. 2021
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Dentro de la conformación de una empresa existen diversos factores que afectan a la creación y puesta en marcha de la misma. Se debe contar con una estructura fuerte en todos los aspectos, dando paso también al ámbito legal dentro de la misma. Por ello el profesional en derecho juega un papel crucial dentro de la organización, ya que el mismo velará por el cumplimiento de la normatividad. La responsabilidad de los consejeros y administradores es parte de los parámetros legales a tener en cuenta desde el punto de vista profesional.

Aspectos generales de la responsabilidad

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) regula los supuestos de responsabilidad en los artículos 41 al 43. En la responsabilidad tributaria rige el principio de subsidiariedad, es decir, salvo disposición contraria en la normativa, la responsabilidad es siempre subsidiaria. La LGT establece en el artículo 41 que; la ley podrá establecer responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria junto a los deudores principales a otras personas o entidades.

De este primer precepto se extrae que la norma configura a los responsables como una persona o ente ajeno al hecho imponible. Mediante la ley se coloca junto al sujeto pasivo, para responder por la deuda que no ha sido satisfecha por el deudor principal. Es decir, se constituye al responsable tributario como una garantía del crédito tributario (TS, 19 de mayo de 1991 (EDJ 1991/5152 STS)).

La LGT entiende como deudores tributarios a los obligados tributarios del artículo 35.2 LGT: “Entre otros, son obligados tributarios:

  • Los contribuyentes.
  • Los sustitutos del contribuyente.
  • Los obligados a realizar pagos fraccionados.
  • Los retenedores.
  • Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
  • Los obligados a repercutir.
  • Aquellos obligados a soportar la repercusión.
  • Los obligados a soportar la retención.
  • Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
  • Los sucesores
  • Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.

En términos generales, la deuda por la que deberá responder el responsable tributario será la totalidad de la deuda exigida al deudor principal en período voluntario. Esto salvo las excepciones previstas en la ley. Asimismo, la deuda tampoco alcanzará las sanciones que le hayan sido impuestas al obligado principal, salvo que en la ley se establezca lo contrario.

Formas de responsabilidad legal

En caso de que la responsabilidad alcanzara las sanciones deben tener las mismas garantías materiales y formales del procedimiento sancionador (TC sentencia de 27 de marzo de 2006 [EDJ 2006/42716 STC]). La ley diferencia dos modalidades de responsabilidad: la responsabilidad solidaria y subsidiaria. La principal diferencia entre ambas modalidades es el momento de declaración de la responsabilidad.

La responsabilidad solidaria se puede declarar antes de que finalice el período voluntario de pago del obligado principal (art.175 LGT). Como se puede observar, el responsable solidario responde en igualdad de condiciones que el deudor principal. La administración tributaria puede dirigirse contra él tras el impago de la deuda por el obligado principal.

En cambio, para poder dirigirse contra el responsable en la modalidad de responsabilidad subsidiaria, se deben declarar fallidos al obligado principal. Además de a los responsables solidarios (art. 41.5 y art.176). Asimismo, la LGT establece que los responsables tendrán derecho al reembolso frente al obligado principal en los términos previstos en la legislación civil. Esto para evitar el enriquecimiento injusto del deudor principal.

Por último, la responsabilidad ya sea solidaria o subsidiaria, prescribe a los cuatro años (art.66 LGT). El cómputo del plazo para la administración tributaria de exigir las deudas tributarias empieza al día siguiente de finalizar el plazo de pago en período voluntario.

Concretamente, el plazo de prescripción para exigir la deuda al responsable solidario comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del obligado principal. En cambio, el plazo de prescripción de los responsables subsidiarios empezará a computarse desde la última notificación de actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a los responsables solidarios (art.67.2 LGT).

Responsabilidad de los consejeros y administradores

El artículo 236 de Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, indica que los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.

A efectos tributarios, el nombramiento de un administrador o consejero surte efectos desde su aceptación del cargo y no desde su inscripción en el Registro Mercantil, ya que la inscripción no tiene carácter constitutivo (TS 14 de junio de 2007 (EDJ 2007/70267 STS)).

El administrador de hecho

Antes de empezar el estudio de los casos concretos en que los administradores y/o consejeros pueden ser declarados responsables, se debe estudiar la figura del administrador de hecho.

El Tribunal Supremo (en adelante, TS) ha definido el administrador de hecho de la siguiente forma: “Son quienes sin ostentar formalmente el nombramiento de administrador y demás requisitos exigibles, ejercen la función como si estuviesen legitimados prescindiendo de tales formalidades, pero no a quienes actúan regularmente por mandato de los administradores o como gestores de estos, pues la característica del administrador de hecho no es la realización material de determinadas funciones, sino la actuación en la condición de administrador con inobservancia de las formalidades mínimas que la ley o los estatutos exigen para adquirir tal condición” (TS, sentencia de 4 de diciembre 2012, LEY 237165/2012 ECLI: ES:TS:2012:9191).

Es decir, el administrador de hecho es una persona que realiza las funciones propias del órgano de administración de forma continuada y sin sujeción a otras directrices, salvo las derivadas de los acuerdos adoptados por la junta general, pero que no posee formalmente el título de administrador de la sociedad. En otras palabras, una persona que realiza el cargo de administrador de forma efectiva y falla algún requisito formal que resulta exigible para ser administrador de derecho, como puede ser, por ejemplo, que no estuviera inscrito su nombramiento en el registro mercantil.

Otro ejemplo sería el caso de caducidad de poder de representación del administrador y que no ha sido renovado ni nombrado otro en su lugar, así lo establece la doctrina del TEAC (TEAC resolución 4238/1999 de 8 de febrero de 2001 [EDD 2001/88295]).

El papel del administrador en la tributación

Igualmente, en caso de que el administrador hubiera renunciado a su cargo mediante un escrito de renuncia, este documento no es admisible frente a la administración tributaria, ya que se trata de un documento privado y no tiene efectos frente a terceros, solo son válidos para validar el cese de actividades por parte del administrador los documentos elevados a escritura pública (Audiencia Nacional 20 de octubre de 2008 [EDJ 2008/206738 SAN]).

Asimismo, se debe distinguir entre apoderado y administrador de hecho. Aunque puede darse el caso de que ambas figuras concurran en una misma persona, se deberá acreditar tal situación. En caso contrario, se entenderá como dos sujetos diferentes. En el ámbito que concierne a este tema (la responsabilidad), son los administradores los que actúan como mandatarios de los apoderados, por lo tanto, no se puede calificar a los apoderados como administradores de hecho (TS, sentencia 14 de marzo 2007, la Ley 11179/2007).

Es decir, los apoderados actúan siguiendo las instrucciones de los administradores, aunque les hayan sido transferidas amplias facultades. Como consecuencia, no pueden ser considerados administradores de hecho.

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