La colaboración con la administración tributaria
La colaboración con la administración tributaria hace parte de la responsabilidad de parte de las empresas para realizar el pago de sus obligaciones.
facultad de derecho · fiscal para derecho
jue. 02 de sep. 2021
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En el presente artículo se pretende poner en contexto al lector sobre como lograr la adquisición de conocimientos y competencias necesarias para ser capaz de identificar cuáles son las principales manifestaciones de colaboración de la empresa con la administración tributaria. En particular, se pretende el aprendizaje de los deberes de información tributaria que resultan aplicables a las empresas y el estudio de los instrumentos. Mismos que tiene la administración tributaria para controlar el correcto cumplimiento de los distintos deberes formales que impone la normativa fiscal a las empresas.

La empresa como colaboradora

Tal y como se establece en el artículo 17.3 LGT, las obligaciones tributarias pueden ser materiales (principales o accesorias), pero también formales. Estas últimas, siguiendo lo dispuesto en el artículo 29 LGT, se distinguen de las obligaciones tributarias materiales en que se identifican. Esto siguiendo la clasificación efectuada en el artícuo 1.088 CC, como prestaciones de hacer que no tienen contenido pecuniario.

Aun así, se encuentran directamente relacionadas con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios, tendiendo, en definitiva, a asegurar el deber de contribuir. El artículo 29.2 LGT, constituyendo un numerus apertus, contiene una serie de deberes formales. Aunque, debido al carácter meramente enunciativo de dicho listado, pueden establecerse otros distintos. Esto siendo posible también, al amparo del artículo 29.3 LGT, concretarlos mediante el uso de la potestad reglamentaria (Jara, 2017).

En este orden de ideas, la empresa, como obligado tributario, queda compelida al cumplimiento de ciertos deberes formales que coadyuvan a un adecuado funcionamiento del sistema tributario: obligaciones censales (art. 29.2 a) LGT y arts. 2-16 RGGIT), obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal (NIF) en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria (art. 29.2 b) LGT y arts. 18-28 RGGIT).

La presentación de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones (art. 29.2 c) LGT y arts. 125 y 126 LIS, art. 21.4 LC (si concurso), arts. 164. 1º y 6º LIVA), obligaciones contables y de registro (art. 29.2 d) LGT y art. 120 LIS), obligaciones de facturación (art. 29.2 e) y f) LGT y RD 1619/2012, de 30 noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación), obligaciones de información (arts. 93-95 LGT), obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas (arts. 29.2 g) LGT) etc.

Obligaciones de la empresa

Asimismo, la empresa facilita la aplicación de los tributos. Esto en la medida en que participa en la anticipación del tributo en los impuestos que gravan la renta personal, proporcionándose así un flujo regular de ingresos a la hacienda pública y posibilitándose un control más preciso sobre las rentas obtenidas por los contribuyentes. En particular, las empresas anticipan su propia obligación tributaria principal (el pago del tributo). Esto realizando pagos fraccionados, pero también contribuyen a que los terceros la anticipen a través de las retenciones e ingresos a cuenta.

Así, la empresa, cuando satisface ciertos rendimientos, retiene una parte del importe satisfecho en ciertos supuestos. Esto con la finalidad de ingresarlo a la Hacienda Pública a cuenta del sujeto que soporta de manera efectiva la retención. Si la retribución es en especie, el importe del ingreso a cuenta corresponderá con el resultante de la aplicación del porcentaje de retención que proceda al importe de la valoración de la correspondiente retribución en especie.

Por su parte, en el IVA, la colaboración de la empresa es clave para el funcionamiento de este impuesto, puesto que, además de los deberes y obligaciones comunes al resto de impuestos, tienen la obligación, cuando sean sujetos pasivos del IVA con ocasión de la prestación servicios y entregas de bienes, de repercutir las cuotas devengadas sobre los adquirentes de los bienes y servicios (Queralt, Serrano, Ollero y López, 2017). Por tanto, la repercusión es obligatoria y se justifica por la necesidad de garantizar el correcto pago del impuesto y facilitar su gestión.

El papel de la empresa

Finalmente, la colaboración de la empresa con la administración tributaria se puede producir también en el marco de la colaboración social (arts. 92 LGT y 79-81 RGGIT), donde se concreta la posibilidad de que los particulares puedan colaborar en la aplicación de los tributos.

Dicha colaboración puede instrumentarse a través de acuerdos con la administración tributaria y puede referirse, entre otros, a la realización de estudios o informes relacionados con la elaboración y aplicación de disposiciones generales y con la aplicación de los medios a que se refieren los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo 57 de esta ley, a campañas de información y difusión.

Además de la simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias; a la asistencia en la realización de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones y en su correcta cumplimentación; La presentación y remisión a la administración tributaria de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria, previa autorización de los obligados tributarios; a la subsanación de defectos, previa autorización de los obligados tributarios; La información del estado de tramitación de las devoluciones y reembolsos, previa autorización de los obligados tributarios.

Además de la solicitud y obtención de certificados tributarios, previa autorización de los obligados tributarios (Resolución de 29 de mayo de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la aplicación de los tributos, para la solicitud y obtención de certificados tributarios). Con todo, pese a la posibilidad apuntada, lo cierto es que, en la práctica, solamente se producirá la colaboración social de las empresas con la Administración tributaria en casos puntuales.

Las obligaciones de información por suministro y mediante requerimiento

El régimen jurídico de los deberes de información se sitúa en los artículos 93-95 y 27.2 f) LGT), así como en los artículos 30-58 RGGIT. En dicho régimen se aprecia una exigua regulación de la LGT, junto con el correspondiente abuso del empleo del reglamento para disciplinar los deberes de información. Esta situación puede resultar criticable desde el punto de vista del principio de legalidad, aunque viene ocurriendo desde tiempo atrás sin afectar a la aplicación de estos deberes.

De acuerdo con el artículo 93.1 LGT, la empresa, entre otros sujetos, está obligada a proporcionar a la administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

Este deber tributario es de carácter formal (art. 29.2 f, LGT), ya que carece de contenido pecuniario, y encuentra su fundamento, ni más ni menos, que en la necesidad de asegurar el deber de contribuir (art. 31 CE). De este modo, puede afirmarse con toda seguridad que este deber tributario constituye una de las principales manifestaciones del deber de colaborar con la administración tributaria (Royo y González).

Información objeto de suministro

Los deberes tributarios de suministro de información no solo se circunscriben a la información propia, sino que también alcanzan a la información de terceros. Eso sí, en este último caso, el conocimiento de dichos datos es exigible siempre que derive de las relaciones empresariales o comerciales. No es necesario que la relación económica, profesional o comercial, que es la fuente de conocimiento, sea directa; sino que las relaciones económicas, profesionales o comerciales indirectas también quedan sujetas a los deberes de información.

En virtud de ello, el deber de suministrar información ajena con trascendencia tributaria afecta tanto a los que pueden considerarse como depositarios de datos de primer nivel como a los depositarios de datos de ulterior nivel, siempre y cuando el conocimiento proceda de relaciones económicas, profesionales o financieras y no de relaciones de otra índole pues, en ese caso, excluye el deber general de informar a la Administración Tributaria (Sentencia del Tribunal Supremo núm. 5180/2014, de 15 de diciembre).

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